El Congreso Local aprobó que la Dirección Jurídica analice la posibilidad de presentar una Controversia Constitucional o de Inconstitucionalidad ya sea en el ámbito local o federal, según se determine, en contra de los actos y/u omisiones del Poder Ejecutivo, de su titular, así como de la Secretaría de Finanzas y Tesorero General del Estado, de su titular y de toda autoridad que sea responsable por la omisión de presentar el proyecto de presupuesto de egresos para el 2023, en los términos de la fracción XIX del artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
Además, se autorizó a la Dirección Jurídica para que presente el análisis y en su caso elabore el proyecto o los proyectos de demanda de Controversia Constitucional o de Inconstitucionalidad ya sea en el ámbito local o federal según se determine, así como a la Presidencia de la Mesa Directiva, para que, en representación legal del Poder Legislativo intervenga en la presentación y tramitación de la o las mismas, hasta su resolución.
Durante la sesión ordinaria, la legisladora Ana González González precisó que el Ejecutivo incumplió con el plazo constitucional para presentar el proyecto de presupuesto, incluso llegó a manifestar que presentaría el proyecto de presupuesto hasta que se aprobará la Ley de Ingresos.
“Al existir un acto de autoridad del Poder Ejecutivo que viola normas constitucionales, es procedente promover el mecanismo de control constitucional denominado Controversia Constitucional o de Inconstitucionalidad, dependiendo sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 135 y II del artículo 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como 105 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, apuntó.
“Asimismo, se señala que conforme al artículo 60, fracción I inciso c) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, la presidencia de la Mesa Directiva es quien tiene la representación de este Poder Legislativo en los asuntos de carácter legal, pudiendo delegar dicha representación”, agregó.
González González, aseveró que se constituye un hecho inédito en el proceso presupuestario del Estado, así como una violación clara y evidente a la Constitución.
“La omisión de presentar el proyecto de presupuesto no sólo quebranta el orden constitucional, sino que tiene efectos negativos profundos sobre la vida de los neoleoneses, ya que al existir un impedimento para discutir el proyecto de gasto público para el 2023, se le priva a la población de destinarse recursos que cubran sus necesidades en materia de servicios públicos municipales como alumbrado y pavimentación, salud, educación, movilidad y seguridad, entre otras”, manifestó en tribuna.
“Como representantes populares, debemos respetar y hacer respetar nuestra Constitución, por lo que, ante este escenario, es necesario acudir a Tribunales, a fin de resolver esta problemática a través de los medios de control constitucional. De esta manera, reafirmamos nuestro compromiso con la población neoleonesa de promover en todo momento la certeza y seguridad jurídica de los gobernados”, añadió.
